Ciudad del Este: Imputan por estafa a influencer por fingir ser asistente fiscal

El agente fiscal Gabriel Segovia Villasanti imputó por el hecho punible de estafa a una estudiante de Derecho que se hizo pasar por asistente fiscal. La joven habría sacado G. 27 millones a un hombre para supuestamente resolver un caso de violencia intrafamiliar.

General 29 de noviembre de 2023 ULTIMAHORA.COM
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Se trata de Débora Graciela Dávalos Santacruz, de 32 años, influencer y comerciante.Foto: Gentileza

Se trata de Débora Graciela Dávalos Santacruz, de 32 años, quien presumiblemente se hizo pasar por una asistente fiscal para sacar una importante suma de dinero a un imputado por violencia familiar en Ciudad del Este.

Según los datos de la investigación, Dávalos Santacruz, en connivencia con otras personas, contactó a Pedro Germán Ocampo, quien había sido denunciado por su expareja por un caso de violencia intrafamiliar.

La estudiante presuntamente le ofreció ayuda para solucionar su caso a cambio de G. 20 millones. El citado, creyendo que la mujer era una funcionaria fiscal, accedió a pagar el monto solicitado.

Al principio entregó dos pagos de G. 10 millones cada uno. Sin embargo, la situación procesal no se resolvió.

Dávalos Santacruz y sus cómplices siguieron pidiendo dinero a Ocampo, esta vez G. 7 millones para levantar la orden de detención que pesaba en su contra. Dicho monto supuestamente era para pagar a la Dirección de Policía de Alto Paraná.

El hombre, en total pagó G. 27 millones, pero no encontró solución a su problema, ya que le pidieron otros G. 18 millones para darle supuestamente salida al pleito judicial. Ya sin recursos, Pedro Ocampo denunció el caso a la Fiscalía.

El fiscal Villasanti realizó la investigación y logró identificar a los responsables de la supuesta estafa.

Inicialmente ordenó la detención preventiva de Débora Dávalos Santacruz, quien fue privada de libertad este 28 de noviembre.

La mujer es comerciante y fue detenida luego de denunciar un millonario hurto en su tienda de ropas, luego de que la Policía Nacional consultara sus registros y saltara una orden de detención en su contra.

El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de la sindicada, con el fin de garantizar la continuidad del proceso penal y evitar que siga cometiendo hechos similares.

Al mismo tiempo, la Fiscalía se encuentra recopilando pruebas contra las demás personas que estarían involucradas en el ilícito, con el objetivo de someterlas a procesos penales. Entre los sospechosos aparece un agente de la Policía Nacional.

Inicialmente, el agente fiscal había dicho que la imputación sería por extorsión, pero finalmente fue por estafa.

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